GOBERNABILIDAD Y CONFLICTOS SOCIALES

Escribe: Vicente David Rojas Paico

Una de las acepciones que los informes del Banco Mundial contienen es definir a la Gobernabilidad como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. Asimismo, son deberes primordiales del Estado, entre otros de igual importancia, el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo cuyos fines y competencia comprenden la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
El Reporte de Conflictos Sociales N° 78 de la Defensoría del Pueblo, publicado los primeros días del presente mes que culmina, nos informa de la existencia, a nivel nacional, de un total de 246 conflictos, de los cuales 169 (69%) son activos y 77 (31%) son latentes. De ellos encontramos en el Departamento de Lima, incluyendo a la Capital de la República.
Específicamente en el ámbito del Gobierno Regional de Lima se detallan los siguientes conflictos:
De tipo sociombiental
1.- El supuesto incumplimiento de acuerdos establecidos entre la Empresa Minera Buenaventura y la Comunidad Campesina de Oyón. No se registraron acciones de diálogo en el mes de Agosto
2.- La Comunidad de Pachangara demanda modificatoria del convenio suscrito y sus condiciones para la extracción de minerales por parte de Minera Los Quenuales.
El 2 de setiembre el Ministerio de Energía y Minas informó que la Comunidad Campesina de Pachangara y la Empresa Minera Los Quenuales, ante acuerdos adoptados, se encuentran próximos a suscribir un convenio relacionado al aspecto social, a razón del proceso de diálogo que se viene sosteniendo.
3.- La Comunidad Campesina de Quichas (Oyón) denuncia a la empresa minera Raura por incumplimiento y contaminación de suelos y un presunto despojo de la propiedad de terrenos comunales. No se registraron acciones de diálogo en el mes de Agosto.
4.- Pobladores y autoridades municipales del distrito de Végueta se oponen a la construcción del Terminal Portuario Punta Végueta de la empresa Santa Sofía Puertos pues señalan afectará áreas naturales y zonas históricas del distrito.
El 20 de agosto autoridades municipales del Distrito de Végueta, representantes del Frente de Defensa de Végueta, de la Asociación de Pescadores, del Centro poblado de Santa Fe y del Colegio Médico de Huaura denunciaron que los talleres para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de construcción del puerto se realizaron de forma posterior a la presentación del referido estudio. Reiterando su oposición al proyecto, señalan que se afectaría el islote de San Martín, declarada área natural por el Ministerio del Ambiente y porque se construiría en la zona contigua a una zona histórica como es la “Playa Tambo de Mora”.
5.- Pobladores de San Jerónimo, Catahuasi y Canchán manifiestan preocupación ante la posibilidad de un inadecuado manejo de la gestión del agua del río Cañete por parte de la Central Hidroeléctrica “El Platanal”, que afectaría su población, cultivos y medio ambiente. No se realizaron acciones de diálogo en el mes de agosto.
6.- Pobladores reclaman intervención urgente ante amenaza de relaves del río Coricancha, Distrito de San Mateo de Huanchor, Provincia de Huarochirí.
El 25 de agosto se desarrolló una reunión de la mesa de trabajo entre la población del Anexo 3 de Enero, Municipalidad Distrital de Chicla y la Cia. Minera San Juan S.A; en la cual se adoptaron acuerdos y compromisos sobre la protección del abastecimiento y suministro del agua, como condición previa al desarrollo del traslado de los relaves mineros. Asimismo, se acordó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización del MINAM supervisará la infraestructura que para la protección, conducción y reservorio que ejecutará y financiará la Cia. Minera San Juan; así como asegurará el monitoreo y control del agua, para ello la referida compañía presentará los resultados de los monitoreos quincenales, para su evaluación y conformidad.
El 2 de setiembre mediante Decreto Supremo N° 088-2010-PCM se prorrogó por 20 días el Estado de Emergencia en la zona del cerro Tamboraque, para realizar las acciones que permitan concluir el traslado de relaves de los depósitos 1 y 2 a la nueva relavera en Chinchán; continuar con el monitoreo, así como de los aforos del túnel de drenaje, de manera tal que se mantenga un permanente control sobre la estabilidad de la ladera del cerro.
De tipo Laboral
1.- La disputa entre grupos económicos por la titularidad de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi afecta los derechos laborales de sus trabajadores.
El 27 de Agosto la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú publicó un pronunciamiento solicitando el cese de las hostilizaciones y presiones judiciales, policiales y políticas en contra de los trabajadores accionistas de la Empresa, el respeto de la autorización judicial otorgada el 10 de junio del 2010 al ing. César Feliciano Chavesta Custodio, quien desde hace 70 días no ejerce las facultades otorgadas judicialmente, generando que no opere normalmente la empresa y que los trabajadores no cobren 5 meses de sus remuneraciones entre otros derechos laborales. Solicitan el levantamiento de la incautación judicial a la venta de los azúcares, alcohol y melaza que el Congreso instale una comisión investigadora sobre las irregularidades en la Empresa.
Revisando los planes de gobierno de quienes aspiran a ser Presidente del Gobierno Regional de Lima, me encuentro con la sorpresa que la mayoría de los candidatos no tiene un planteamiento claro respecto al desarrollo de la Gobernabilidad en relación a problemas de carácter socioambiental o laboral; ello me lleva a la siguiente conclusión, o quienes aspiran al sillón presidencial regional desconocen el tema o sus equipos técnicos no son capaces de formular propuestas al respecto.
Huacho, setiembre del 2010.

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