GOBERNABILIDAD ¿QUÉ HACER PARA MEJORARLA?

Por: David Rojas Paico (*)

Un amigo consultor de gobiernos regionales y locales, me hizo esta pregunta y la verdad que es difícil contestar en la actual coyuntura. Existen diversas acepciones referidas a la gobernabilidad; para el Banco Mundial se define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no gubernamentales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. Otros, la definen como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales entendidas como fuentes primarias de construcción del orden social: es probable una relación con la economía de costos y las transacciones. Por extensión, se define como cualquier forma de coordinación social.
La gobernabilidad puede ser entendida como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su entorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. Éste se da siempre en un ámbito social tal en el que se registran demandas de los ciudadanos que son procesadas en menor o mayor medida por el sistema político.
Un elemento que habría que tener en cuenta es la legitimidad del Gobierno; legitimidad de origen, vale decir, que la autoridad sea elegida por la soberanía popular y, la legitimidad de ejercicio, que significa que el gobernante debe respetar y hacer respetar la Constitución. En nuestro país, el caso ILAVE, en el Departamento de Puno, es una dolorosa muestra de falta de legitimidad de un gobierno local ya que para el período 2003 – 2006 el alcalde de dicho distrito sólo fue elegido con el 17% de los votos válidos; probablemente esto sea una de los motivos que en el próximo proceso electoral se exija un mínimo de 30% de votos válidos para resultar electo Presidente de Gobierno Regional o Alcalde, en caso de que no fuese así, necesariamente tiene que haber una segunda vuelta entre los candidatos que quedaron en los dos primeros lugares.
La legitimidad de ejercicio supone el fortalecimiento de la sociedad civil y la evolución de la cultura ciudadana democrática; en otras palabras los actores sociales no gubernamentales tienen que involucrarse mediante la concertación, en la toma de decisiones y en la vigilancia del ejercicio del presupuesto público, así también los ciudadanos deben poder ejercitar su derecho de remoción o revocación de autoridades electas o designadas; de suerte que si estas autoridades no cumplen con poner en práctica sus planes de gobierno o no realizan sus funciones conforme lo establece la ley, la población puede removerlos o revocarlos.
La gobernabilidad y la gestión pública nos plantean retos en cuanto a los valores éticos y sociales; el liderazgo del gobernante debe fundarse en la protección del medio ambiente y la creación de consensos, en función hacia la visión o propósito estratégico del desarrollo integral, alcanzando progresivamente los objetivos y metas que reflejan esta aspiración. Otro aspecto importante es la política económica que aplican los gobiernos. En nuestro país, esta política obedece a los dictados del Consenso de Washington , por eso señalamos líneas arriba que la gobernabilidad tiene una relación con la economía de costos y transacciones; está muy bien que exista un porcentaje del 8.1% de crecimiento del PBI en el último trimestre, lo que no está bien es que en nuestro país no se respete el principio físico de la gravedad, descubierto por Isaac Newton, ya que como señala Gustavo Gutiérrez, “el chorreo se va hacia arriba y no hacia abajo”.
El trabajo en el área de gobernabilidad es habitualmente interdisciplinario y traspasa los límites de la economía, la ciencia política, la filosofía, la sociología y la administración. El concepto ha sido abordado desde vertientes tan disímiles como la normativa (¿cómo deben comportarse los gobiernos?) hasta la positiva (¿cómo se comportan los gobiernos?). Esta distinción Aristotélica Maquiavélica ha sido antigua una preocupación constante de los observadores como de los actores políticos.
Huacho, Julio 2010
http://davidrojaspaico.blogspot.com DERECHO Y CULTURA

(*) Abogado, miembro fundador de la ADEPH